Boletín OilwatchPanamá Noticias Informativo Abril 2008/Panamá, República de Panamá
Contenido:
- Carta de las Organizaciones Comunitarias y Ecologistas al presidente Torrijos, en reiteración de sus demandas contra el desarrollo depredador.
- Crean Comisión Nacional de Autoridades Indígenas en Pro de la Ratificación del Convenio 169 de la OIT.
- Primer Encuentro de Organizaciones Solidarias en torno al tema de proyectos hidroeléctricos y mineros, Comarca Ngöbe Bugle, marzo 2008
- COMUNICADO DE PRENSA SOBRE HARKEN EN PANAMÁ
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ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, ECOLOGISTAS Y PUEBLOS INDÍGENAS
CARTA A MARTÍN TORRIJOS ESPINO
Licenciado. Martín Torrijos Espino
Ciudadano panameño
Presidente Constitucional
República de Panamá
Presidencia de la República
Panamá, 18 de marzo de 2008.
E. S. D.
Respetado Señor Presidente:
Por este medio le informamos que seguimos acampando en el Parque Catedral adyacente al edificio de la Presidencia de la República, ya que queremos hablar directamente con usted como figura principal decisoria del país y plantearle la realidad del país y de la gente que acampa frente a los proyectos que destruyen formas de vida, ecosistemas, recursos naturales y violan derechos humanos. No existe ninguna garantía escrita que las comunidades y el país en general se beneficiarán de esta forma de desarrollo, que contravienen valores no sólo sociales y ambientales, sino éticos y espirituales.
La carta No. 140-2008 que nos hizo llegar el día 13 de marzo no nos satisface, ya que esta mesa de concertación nacional no garantiza la participación de las comunidades indígenas y campesinas legítimamente afectadas por dichos proyectos que en este momento están en marcha y por el modelo de desarrollo que usted auspicia y que nosotros no comprendemos los beneficios reales hacia nosotros y nuestro medio ambiente. Lamentamos que dicha mesa de concertación no haya incorporado como un eje fundamental de desarrollo el tema ambiental, lo cual deslindó responsabilidades y compromisos directos del gobierno, y que justamente causan este tipo de afectaciones y desasosiego permanente entre la población campesina y indígena vulnerable.
Por favor indíquenos día y hora en que nos recibirá en un espacio amplio donde todas las personas que nos acompañan en esta gesta pacífica puedan igualmente participar.
Le reiteramos que nuestros puntos solicitados son los siguientes:
1. Acorde con el objetivo de declarar y asegurar el derecho humano al agua, exigir el cese inmediato y definitivo de todos los proyectos hidroeléctricos, de exploración y explotación minera, de procesamiento de hidrocarburos y desarrollo de turismo residencial, por afectar las condiciones de vida de la población y los ecosistemas que la sustentan, sin aportar beneficios comparables para las comunidades, los municipios y el Estado.
2. Exigimos el cese inmediato del hostigamiento a las comunidades y la violación de derechos fundamentales, así como exigir la reparación a los daños causados a los moradores mediante el uso ilegítimo de la fuerza pública tras la declaración de interés social y público por vías no establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, así como la indemnización a las comunidades kuna y emberá de Bayano que llevan 30 años reclamando sus legítimos derechos.
3. Impulsar, como fundamental para el desarrollo de políticas públicas, el sistema de información ambiental y sociocultural que ofrezcan sustento científico a la elaboración de políticas públicas en general, garantizando mecanismos de participación ciudadana real y permanente, considerando las relaciones de la totalidad de los ecosistemas.
4. En materia ambiental específicamente, exigir la realización de una evaluación ambiental estratégica sobre el impacto acumulado que tendrán todos estos proyectos dentro de la capacidad de carga del país, así como un debate sobre su necesidad y conveniencia como país.
5. Abrir una mesa de debate participativo, en igualdad de condiciones para todos los sectores, para la construcción de políticas sociales, ambientales, energéticas y de desarrollo turístico, y la revisión de toda la normativa relacionada.
6. Hacer efectivo el derecho a la información y la consulta para la toma de decisiones respecto a las comunidades, con conocimiento previo de los proyectos y consentimiento libre sin uso o amenaza de uso de la fuerza.
7. Exigir la ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes por parte del Estado panameño, así como el desarrollo de una ley marco indígena en consonancia con el citado acuerdo y con los principios derivados de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.
8. Exigir la destitución inmediata de Ligia Castro y Eduardo Reyes de la Autoridad Nacional del Ambiente, y de Víctor Urrutia de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos.
No queremos que el desarrollo económico que debiera conducir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población continúe destruyendo la paz, el bienestar y la vida de las personas. Por eso decimos con fuerza y con firmeza:
Le reiteramos nuestros saludos cordiales.
Atentamente,
Organizaciones Comunitarias, Ecologistas y Pueblos Indígenas
DERECHOS HUMANOS- UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
CEMCODE
FUNDACION NASO TJЁRDI
ALIANZA PARA LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO
FRENTE UNIDO EN DEFENSA DEL ECOSISTEMA (FUDECO)
MOVIMIENTO POR LA DEFENSA DE LOS TERRITORIOS DEL ARCHIPIÉLAGO DE BOCAS DEL TORO
OILWATCH PANAMA
ASOCIACIÓN CULTURAL DEL ISTMO
COLECTIVO RESISTENCIA ECOLÓGICA
ASOCIACIÓN AMBIENTALISTA DE CHIRIQUÍ
COMITÉ DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA EN GUALACA
ASOCIACIÓN PRO DEFENSA DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS (BOQUETE)
MOVIMIENTO CAMPESINO EN DEFENSA DEL RÍO COBRE (MOCAMDERCO)
MOVIMIENTO DE DEFENSA DE LAS TIERRAS Y AGUAS DEL RIO CAÑAZAS
MOVIMIENTO EN CONTRA DE REAPERTURA DE MINA DE SANTA ROSA CAÑAZAS
COMITÉ PRO DEFENSA DEL RIO FONSECA
COLIBRÍ ASOCIACIÓN ECOLÓGICA DE PANAMA.
COMISIÓN NGOBE BUGLÉ- PLAN DE CHORCHA- DISTRITO BESIGÓ
ORGANIZACIÓN DE SINDICATO INDUSTRIAS Y DERIVADOS AGROPECUAROS DE TIERRAS ALTAS
MOVIMIENTO 4 DE MARZO DEL RIO CHANGUINOLA
MOVIMIENTO 10 DE ABRIL DE TABASARÁ
COMITÉ SÍ A LA VIDA
ORGANIZACIÓN CULTURAL NGOBE BUGLÉ
MOVIMIENTO AMBIENTAL NGOBE BUGLÉ
FRENTE SANTEÑO
COMITÉ PRO DEFENSA DEL RÍO GATÚ, VERAGUAS.
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Crean Comisión Nacional de Autoridades Indígenas en Pro de la Retificación del Convenio 169 de la OIT
Autoridades de los Pueblos indígenas Naso ,Bribri,Ngobe,Wounan,emberas,y bugle, Realizaron el Primer Encuentro Nacional de autoridades Tradicionales Indígenas de Panamá con el fin de iniciar la promoción de la ratificación del Convenio 169 de la OIT, en este encuentro se formo La Comisión Nacional de Autoridades Indígenas en Pro de la Ratificación del Convenio 169
y se designo al Cacique Embera Bolivar Jaripio como coordinador de las actividades a realizar para la ratificación del convenio que incluyen , una Solicitud al presidente de la República, para que ratifique el convenio, además se hace un llamado a la solidaridad entre organizaciones y se solicita el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales ,como la Organización Internacional del Trabajo.
Omaira Casama Lider Indígenas , fue escogida como responsable para coordinar las mujeres indígenas
Se adjunta la Declaración Nacional de los pueblos Indígenas de panamá para que se ratifique el convenio 169, y el acta de constitución de la comisión en pro de la ratificación del convenio 169.
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Primer Encuentro de Organizaciones Solidarias en torno al tema de proyectos hidroeléctricos y mineros, Comarca Ngöbe Bugle, marzo 2008
Al aire libre junto al río San Félix, sentados sobre retazos de sillas y cajones movidos al compás del calor del sol, con gente descansando sobre piedras y sobre la tierra misma, se realizó del 21 al 23 de marzo de 2008 en la comunidad de Quebrada del Guabo de la Comarca Ngobe Bugle (región Nidrini, distrito de Nole Duima, corregimiento de Susama), el Primer Encuentro de Organizaciones Solidarias para tratar los temas de proyectos hidroeléctricos, las exploraciones y explotaciones mineras, y de turismo residencial dentro del territorio de la comarca, así como el papel de las dirigencias tradicionales y de gobierno respecto a estos problemas.
Observando profundo respeto por quienes por más de cinco siglos han luchado por su pueblo, el evento se desarrolló a raíz de la preocupación de las comunidades indígenas afectadas dentro de la comarca por los proyectos que afectan la disponibilidad de tierras y aguas indispensables para el mantenimiento de la cultura y la vida de los ngöbe bugle, de sus generaciones presentes y futuras.
La asistencia de los participantes fue posible gracias al esfuerzo y los recursos aportados por cada persona, organización o comunidad para el transporte y alimentación de sus representantes, pero sobre todo, gracias a la disposición para resistir, enfrentar y revertir la dinámica actual de “planes de desarrollo” que amenazan arrebatarles las pocas pertenencias que aún conservan. La pregunta fue clara: ¿Si esto es desarrollo, en qué estudio se sustenta?, ¿por qué no se nos informa ni consulta?, ¿por qué se nos despoja?
Marcado por la identidad cultural y la riqueza de su concepción tradicional del mundo y la vida, así como el ánimo verdaderamente amplio de las deliberaciones, el encuentro forma también parte de la creciente movilización comunitaria, de indígenas y campesinos, organizaciones ecologistas y de derechos humanos frente a los proyectos de concesiones de agua, construcción de hidroeléctricas, de procesamiento de petróleo, desarrollos mineros y de turismo residencial que se ejecutan en Panamá con apoyo gubernamental, en los cuales ha destacado la continua violación a los derechos humanos (residencia, alimentación, reunión, asociación, manifestación pacífica)
Esta alianza de comunidades y organizaciones solicita una moratoria a los proyectos hasta tanto se defina científica y democráticamente su necesidad para el país y la sustentabilidad de los mismos en relación a la capacidad de carga de la totalidad de los ecosistemas del país.
Más allá de una comprensible desconfianza inicial hacia individuos provenientes de la sociedad que por más de cinco siglos les ha robado tierras y otros recursos por medios abiertamente violentos, por el silencio que aparenta olvido o por programas que aprovechan miserablemente la escasez material intentado reproducir el clientelismo que sustenta nuestro sistema político, la norma fue el respeto recíproco; y en medio de las carencias materiales descritas, siempre la primera bebida fue para el visitante, la mejor silla, la mesa y el lugar más cómodo para dormir, el plato de comida (arroz blanco y con suerte, frijoles o una diminuta porción de sardina o tuna) servido una vez al día, sin que fuera posible declinar los privilegios.
El evento finalizó con la resolución Nº1 del 23 de marzo de 2008, firmada por más 100 asistentes representantes de 16 organizaciones de diversa índole y distintos puntos de la comarca, solicitando el cumplimiento de la resolución ordenada desde el X Congreso General celebrado del 6 al 10 de marzo de 2006 que destituyó a Máximo Saldaña como cacique general de la comarca Ngöbe Bugle, por faltar a la ley comarcal en perjuicio de los intereses sociales y naturales de sus habitantes, negociando y aceptando proyectos en contra de la voluntad popular, resolución desatendida por el gobierno central de la República de Panamá.
También se estableció el compromiso de una próxima reunión para el mes de abril en el área de Chorcha, y se efectuó una manifestación pacífica desde el sitio de reunión, pasando por el poblado de San Félix en la provincia de Chiriquí, hasta el cruce de la carretera Interamericana para hacer pública la situación ante los medios de comunicación, y en espera de autoridades invitadas al evento, que no asistieron.
Sin haber despejado generaciones de injusticia con 3 días de convivencia, la cálida despedida evidencia el deseo que su lucha legítima encuentre compañeros sinceros ante la ignorancia, la indiferencia o la complicidad generalizada y permanente del resto de la sociedad panameña.
Por Ramón H. Benjamín M.
Miembro del Colectivo Derechos Humanos – Universidad de Panamá
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COMUNICADO DE PRENSA SOBRE HARKEN EN PANAMÁ
Oilwatch Mesoamérica señala “HARKEN NO ES UNA EMPRESA LIMPIA”
*En materia de DDHH, sus operaciones en Colombia funcionan en la lógica de protección paramilitar
*Irregularidades cometidas por Bush como CEO debido a la Guerra del Golfo han ocupado titulares en EEUU durante años
*En Costa Rica no pudo obtener licencia ambiental por EIA deficiente
En estos días se oficializo el contrato de Harken Panamá con el Ministerio de Comercio e Industrias- MICI, para la exploración y eventual explotación de petróleo en el Golfo de San Miguel. Sin embargo, aún se desconocen los antecedentes de esta empresa en otros países, por lo que la Red Oilwatch Mesoamérica ha iniciado un proceso de difusión sobre su manchado expediente.
En Costa Rica le anularon concesión de 26 años. Entre los años 1999 y 2002, en Costa Rica se dio un debate nacional para determinar si la concesión de 5 600 kms, otorgada a esta empresa en la costa caribe, era ambientalmente viable. La oposición por parte de decenas de organizaciones locales, especialmente del Caribe Sur del país, se unificó en el movimiento ADELA (Acción de Lucha Antipetrolera). Por otra parte, Oilwatch Costa Rica y la Coordinadora Nacional Antipetrolera, junto a ADELA, realizarn una campaña constante de información y denuncia de los impactos que esta concesión podía tener en los ecosistemas y las formas de vida de los lugareños. Además, los escasos beneficios que daba el contrato al país, también fueron elementos de peso en las decisiones que se tomaron en el 2002.
“Durante casi cuatro años muchas personas y organizaciones trabajamos arduamente para conservar el Caribe de Costa Rica y continuar con el camino de las áreas protegidas y el ecoturismo, que son formas de vida sustentables comparadas con la industria petrolera. Fue una lucha dura pero rindió sus buenos frutos”, señaló Mauricio Álvarez, miembro de Oilwatch Costa Rica. “Hoy Costa Rica todavía se mantiene libre de actividades petroleras, a pesar de los esfuerzos del gobierno y Harken por reactivar la actividad en el Caribe”.
La razón principal por la que a Harken se le anuló el contrato en Costa Rica, es que no logró convencer a la Secretaría Técnica Nacional (SETENA- encargada de dar licencia ambiental a los proyectos), de la viabilidad ambiental de su proyecto, específicamente de la perforación de un pozo exploratorio a 8 kms de las costas del Caribe. Este veredicto en febrero del 2002, fue la guía para la posición del nuevo gobierno de Abel Pacheco, quien el 8 de mayo del 2002, declaró Paz a la Naturaleza, a través de una moratoria a las actividades petroleras en Costa Rica.
Harken demandó una compensación de 57 000 millones de dólares. Debido a la anulación del contrato, la empresa especuló este monto como las ganancias no obtenidas en 26 años de concesión. Esta demanda la hizo en el 2003 frente a la CIADI- una instancia del Banco Mundial encargada de resolver controversias entre Estado y empresas, la cual nombra tribunales ad hoc fuera de las fronteras nacionales, quienes resuelven el caso en función de los Tratados de Libre Comercio. “Debido a que en Costa Rica no rige aún el TLC con EEUU, el gobierno costarricense pudo negarse en el 2003 a participar en este arbitraje, caso contrario sucederá con cualquier país en el que estos Tratados estén vigentes”, aclaró Alicia Casas, facilitadora de la Red Oilwatch Costa Rica. “Esta suma de dinero exigido por Harken equivalía en aquel momento a 12 presupuestos anuales del estado costarricense, con lo que se puede observar el carácter extorsionista de esta demanda” agregó Casas.
En este momento las discrepancias de Harken con el estado costarricense se están resolviendo en los tribunales de ese país, y se exige una suma mucho menor por compensación. Harken ha intentado en reiteradas ocasiones que se anule el derecho de participación de las comunidades y organizaciones ambientales como coadyuvantes en el juicio que emprendió contra el estado, aduciendo que las mismas no pueden ser “parte” y no tienen nada que ver con la disputa. Sin embargo, la Sala IV ha fallado en contra de estas apelaciones y considera este asunto como de interés nacional, y por tanto abierto a la participación de comunidades afectadas y sector ambiental.
“Alertamos desde ya a nuestros vecinos panameños sobre el comportamiento voraz de esta empresa, que no acepta las regulaciones ambientales que existen, y pretende recuperar sus concesiones a través de la presión de su Embajada estadounidense y con chantaje de arbitrajes internacionales”, señala Mauricio Alvarez de Oilwatch.
En Colombia no está libre de pecado. Harken opera además en Colombia en el departamento de Santander y sus operaciones son protegidas tanto por el ejército como por grupos paramilitares que operan en la zona. Es una de las 100 empresas estadounidenses que fueron al Congreso de los EEUU a defender el Plan Colombia como un plan que protege y garantiza sus intereses en este sufrido país. “Es posible que se alegue que todas las empresas de EEUU que operan en Colombia hacen lo mismo, pero se sabe que cuando se trata de intereses petroleros la protección es aún mayor- y quienes pagan las violaciones de DDHH de esta guerra, son las poblaciones civiles que habitan estas zonas”, comentó Alicia Casas.
El escándalo con Bush: su mayor talón de Aquiles. Harken es una empresa conocida en EEUU sobre todo por la gestión como CEO que hizo George W. Bush en la época en que su padre era Presidente, antes de la Guerra del Golfo Pérsico. En primer lugar, a través de investigaciones hechas por el mismo Congreso de EEUU, Harken no era una empresa de gran relevancia en cuanto a operaciones, pero sí en cuanto a influencia política en la Casa Blanca, por razones obvias. Es así que obtiene una concesión importante en Bahrein, unos meses antes de que estallara la Guerra del Golfo. En la licitación participaron otras grandes empresas petroleras que no contaban con esos niveles de influencia. De lo que se le acusa a Bush hijo, en un acto que es penado con cárcel en EEUU (las mismas acusaciones que se le hicieron a Martha Stewart), es de haberse deshecho de todas sus acciones unos días antes de que estallara la Guerra del Golfo, basado en informaciones confidenciales que no tenían el resto de los accionistas. Con esta transacción, Bush se aseguró no perder millones que sí perdieron los demás accionistas de la empresa. Este es el escándalo que hace de esta pequeña empresa una tristemente célebre en los EEUU.
